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Derecho a la Alimentación 2

Derecho a la alimentación

 

Guillermo Knochenhauer

 

Más de la mitad de los estados de la República aprobaron en abril pasado la reforma constitucional que consagra el derecho a la alimentación. Es una buena noticia, porque para validar ese derecho en los hechos, se tiene que construir un modelo alimentario sobre bases socialmente más equitativas y eficientes, condición para lograr resultados productivos óptimos.

El modelo vigente ha privilegiado el abastecimiento de alimentos a precios bajos, sin que importe su procedencia, con la finalidad de que los salarios urbanos también se puedan mantener bajos.

Para conseguir alimentos baratos se han seguido dos vías: subsidiar mayormente a la agricultura de grandes extensiones que sigue el paquete de la “revolución verde”, e importar volúmenes crecientes de cereales y oleaginosas.

Favorecer a la agricultura industrializada ha significado hacer de los subsidios el principal instrumento de fomento. Su diseño tiene dos grandes problemas de inequidad: al otorgarse Procampo y Apoyos a la Comercialización, que son los principales, por superficie y volumen producido, les toca mucho a muy pocos y poco a la gran mayoría. (Por ejemplo, en 2008, el 2 por ciento de los empadronados de Procampo se quedó con el 23 por ciento del subsidio, y 76 por ciento con el 34 por ciento del dinero).

El segundo problema de inequidad de los subsidios lo ha señalado Francisco Mayorga, titular de la SAGARPA: es que su entrega a los beneficiarios equivale a la privatización de su aprovechamiento, a diferencia de las inversiones en infraestructura e investigación científica y tecnológica, que quedan para beneficio público.

El caso es que a diferencia de los subsidios que aumentan, el gasto de inversión disminuyó noventa por ciento real entre 1964 y 2004, con una recuperación mínima a la fecha. En investigación agropecuaria sucede lo mismo: José Sarukhán ha calculado que el presupuesto conjunto de investigación del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, del Colegio de Postgraduados en Ciencias Agrícolas y de la Universidad Autónoma de Chapingo es de unos 260 millones de pesos al año “en verdad risible” (El Universal 1 de abril 2011).

Tanto las inequidades en contra de la agricultura tradicional como el abandono de la investigación agropecuaria, forman parte de la decisión de importar los cereales y oleaginosas que se ofrecían a precios subsidiados en el mercado internacional. Esa decisión puso de cabeza la lógica de que las insuficiencias de producción nacional se compensaran casuísticamente con importaciones, al convertirse éstas en la causa de menor producción y mayor dependencia alimentaria.

Ahora, ni la agricultura industrializada garantiza el abasto de alimentos (la rendimientos de la revolución verde son decrecientes) ni el mercado externo es una fuente confiable de abastecimiento sometido, como está, a la incertidumbre que provocan las alteraciones climáticas, a la competencia por tierra y agua entre alimentos y agrocombustibles y a la especulación feroz en las bolsas agropecuarias.

Hacer realidad el derecho a la alimentación implica recuperar la soberanía alimentaria a partir de capacidades sociales y productivas que han disminuido en las asimetrías del mercado y en la inequidad de las políticas públicas.

Aplicar el derecho a la alimentación obliga a la decisión política de someter las relaciones económicas a criterios de equidad, responsabilidad y conservación ambiental. Acciones coherentes con esa decisión, serían las dirigidas a crear condiciones para que los propios campesinos de auto consumo eleven su disponibilidad de alimentos para sus familias y comunidades.

El fomento a la oferta mercantil tendría que privilegiar a la agricultura en pequeña escala, que es la que posee tierras y aguas con las que podría duplicarse la producción nacional de cereales. Los campesinos con poca tierra tendrían que agregar valor a su trabajo limpiando, seleccionando, envasando, almacenando y transportando sus cosechas, para lo cual les falta organización.

La dificultad de tales cambios no es técnica, sino política. Implica liberar las fuerzas sociales de clientelismos de partidos y gobiernos para que los campesinos se organicen y con ello mejoren su capacidad negociadora con proveedores y compradores, y eleven su influencia política local, estatal o regional.

Conozco varias organizaciones en Morelos, Puebla y Guerrero que persiguen logros económicos pero con eficiencia social; oponen la cooperación a la competencia, la vida social al consumismo, la solidaridad y responsabilidad al individualismo. Ejercer en la realidad el derecho a la alimentación, requiere oponer esos valores a la lógica mercantil.

knochenhauer@prodigy.net.mx

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Datos Personales

Guillermo Knochenhauer es:

• Profesor de asignatura por oposición, Sociedad y Estado en México I y II, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM.

• Licenciado en Sociología y Maestro en Historia.

• Analista en sociología rural.

•Colaborador semanal del diario El Financiero, sección Opinión como analista de asuntos políticos.

•Colaborador semanal del diario La Jornada Morelos, sección Opinión.

Libros

• Coautor del libro "México Hoy", coordinado por Enrique Florescano y Pablo González Casanova, Editorial Siglo XXI (1979)

• Coautor del libro "Por una Nueva Política Alimentaria", coordinado por Gustavo Esteva, (1984). Editorial Opción, S.C. (1984)

• Coautor del libro "El Impacto de la TV en Cinco Comunidades Vírgenes de México", UNAM UNICEF, México 1984, publicado a partir de la investigación sobre Publicidad Televisiva y Cultura Alimentaria, realizada por acuerdo interinstitucio¬nal para UNICEF.

• Coautor del libro "El Sector Social de la Economía, una Opción ante la Crisis, coordinado por Armando Labra y el Dr. Pablo González Casanova. Editorial Siglo XXI, México 1989.

• Autor del libro "Organizaciones Campesinas, Hablan Diez Dirigentes". El Día en Libros-IEPES, México, 1990.

• Coautor del libro "Nueva Estrategia de Desarrollo", Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM, 2011.

• Autor de Educación, Productividad y Empleo, publicación mensual y compendio anual del Fondo Mexicano para la Educación y el Desarrollo, A.C. entre los años de 1996 a 2003.

• Es autor de una veintena de ensayos en revistas especializadas, como la Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM, la Revista del Colegio, del Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Administración Pública y la Revista y la Revista Comercio Exterior, del Banco Nacional de Comercio Exterior. También ha publicado decenas de ensayos en las revistas Nexos y Este País.

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