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Poder civil, poder militar

Desde que el Ejército fue puesto a perseguir narcotraficantes, la Secretaría de la Defensa Nacional ha repetido que los militares “no pedimos estar ahí, no nos sentimos a gusto, no estudiamos para perseguir delincuentes”. Lo decía -con otras palabras- Guillermo Galván, secretario de la defensa en el gobierno de Felipe Calderón y lo repite ahora el general Salvador Cienfuegos. Ambos secretarios también se han referido a la baja moral de la tropa y a riesgos de su indisciplina en esas tareas.

El reclamo militar ha sido, desde hace años, el de una cobertura legal para seguir ejerciendo tareas que no le corresponden al Ejército y en las que lo involucró el gobierno de Calderón por imperdonable error histórico.

Hay que recordar que, en 2006, sin que hubiera nada que amenazara la seguridad nacional, Calderón puso al Ejército Mexicano a perseguir a las cabezas del narcotráfico en Michoacán, y de ahí hasta abarcar media docena de estados.

La idea fue que había que reducir el poder del crimen organizado para someterlo a control, como el que tienen en Estados Unidos de esas organizaciones. Se trataba de atacar a los cárteles que habían ganado poder y presencia en sus operaciones hacia EUA.

La estrategia antidrogas de los estadounidenses es eficaz en sus propósitos y en sus condiciones. La DEA – Administración para el Control de las Drogas- como su nombre lo indica, “administra” el tráfico de drogas y una manera en que lo controla es no permitiendo la formación de cárteles poderosos, pero sí que la mariguana, la cocaína, la heroína y otras sustancias lleguen a sus anhelantes consumidores.

La clave de su éxito es que la fuerza policíaca es superior a la de cualquiera de los miles de centros de distribución de drogas, que están bien ubicados con nombres y domicilios y, de esa manera, bajo control.

El trasiego de drogas en México tenía más de 70 años dirigiéndose a Estados Unidos; estuvo administrado por unos pocos cárteles dirigidos por capos muy poderosos. No envenenaban a la sociedad mexicana ni ésta era el blanco de secuestros ni extorsiones.

La persecución de esas grandes organizaciones en México con la idea de conformar un escenario semejante al estadounidense, lo único que consiguió fue que se debilitaran algunos de los narcos que controlaban grandes operaciones y que comenzara la guerra abierta entre decenas de aspirantes a sucederlos, protagonistas de un narcotráfico más “cruel, violento y despreciable”, para decirlo en palabras de Arturo Pérez-Reverte, el periodista autor de la novela La Reina del Sur.

Lo que sigue faltando después de 10 años de guerra, es la fuerza policíaca con capacidad para ubicar, administrar y controlar a los cientos de nuevas agrupaciones delictivas.

Y como sigue faltando la policía eficaz, la secretaría de la Defensa Nacional vuelve a insistir en que se le amplíen al Ejército las atribuciones para darle las que no ejercen las fuerzas civiles del orden, y de paso, otras capacidades más.

En el Congreso se está deliberado la reforma a la ley reglamentaria del artículo 29 constitucional, que se refiere a la suspensión de garantías individuales en el caso de peligro de la seguridad interior o la paz pública. Dice el artículo 29 que “solamente el Presidente […], de acuerdo con los Titulares de las Secretarías de Estado, los Departamentos Administrativos y la Procuraduría General de la República y con aprobación del Congreso de la Unión […] podrá suspender” tales garantías.

Si llegara a reglamentarse la posibilidad de que las garantías individuales se suspendan desde el ámbito militar, con una justificación no muy sólida y controles del Congreso y del Poder Judicial laxos, como plantea el proyecto en revisión, el Estado y la sociedad quedaríamos supeditados a la autoridad militar.

Es un peligro, cada vez mayor, consecuencia del error histórico de Calderón.

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Datos Personales

Guillermo Knochenhauer es:

• Profesor de asignatura por oposición, Sociedad y Estado en México I y II, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM.

• Licenciado en Sociología y Maestro en Historia.

• Analista en sociología rural.

•Colaborador semanal del diario El Financiero, sección Opinión como analista de asuntos políticos.

•Colaborador semanal del diario La Jornada Morelos, sección Opinión.

Libros

• Coautor del libro "México Hoy", coordinado por Enrique Florescano y Pablo González Casanova, Editorial Siglo XXI (1979)

• Coautor del libro "Por una Nueva Política Alimentaria", coordinado por Gustavo Esteva, (1984). Editorial Opción, S.C. (1984)

• Coautor del libro "El Impacto de la TV en Cinco Comunidades Vírgenes de México", UNAM UNICEF, México 1984, publicado a partir de la investigación sobre Publicidad Televisiva y Cultura Alimentaria, realizada por acuerdo interinstitucio¬nal para UNICEF.

• Coautor del libro "El Sector Social de la Economía, una Opción ante la Crisis, coordinado por Armando Labra y el Dr. Pablo González Casanova. Editorial Siglo XXI, México 1989.

• Autor del libro "Organizaciones Campesinas, Hablan Diez Dirigentes". El Día en Libros-IEPES, México, 1990.

• Coautor del libro "Nueva Estrategia de Desarrollo", Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM, 2011.

• Autor de Educación, Productividad y Empleo, publicación mensual y compendio anual del Fondo Mexicano para la Educación y el Desarrollo, A.C. entre los años de 1996 a 2003.

• Es autor de una veintena de ensayos en revistas especializadas, como la Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM, la Revista del Colegio, del Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Administración Pública y la Revista y la Revista Comercio Exterior, del Banco Nacional de Comercio Exterior. También ha publicado decenas de ensayos en las revistas Nexos y Este País.

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